La crisis política del Gobierno nacional y la situación económica no se han resuelto y siguen al tope de las preocupaciones de los gobernadores, tanto oficialistas como opositores. Las inquietudes se multiplican, naturalmente en el Norte, donde están los distritos más pobres e históricamente desfavorecidos. En los últimos dos meses, los cambios de nombres y en la estructura del Poder Ejecutivo Nacional fueron cuantiosos y eso genera zozobra en los mandatarios.Las medidas anunciadas primero por la ex ministra Silvina Batakis y después por su reemplazante Sergio Massa profundizaron la incertidumbre. Puertas adentro del oficialismo se mencionan dos palabras asociadas con la nueva gestión en Economía: tarifazo y ajuste. Aunque ambos son términos prohibidos en el universo discursivo del peronismo en general y del kirchnerismo en particular, los ya gobernadores no se preocupan por buscar eufemismos. Saben que ambas cuestiones generan rechazo social y que serán los primeros recibir el castigo de los ciudadanos.

Las alarmas se encendieron en estos días por dos hechos concretos. Por un lado, aún no está claro el impacto real que tendrá la llamada segmentación tarifaria en los bolsillos y el ánimo social y por el otro, los movimientos en torno al programa Potenciar Trabajo.

En la última reunión de gobernadores del Norte Grande, que se celebró en Chaco durante la semana, la cuestión tarifaria se impuso por sobre las que estaban previstas. Los gobernadores, incluído Osvaldo Jaldo, insistieron en el reclamo por una tarifa diferenciada de noviembre a marzo, que permita un consumo superior sin perder subsidios, para las 10 provincias de la región. Sucede que hay distritos en los que aún en invierno el aire acondicionado es una necesidad. Estaba presente el secretario de Planeamiento Energético, el tucumano Gonzalo Soriano, quien les habría explicado que no tenía potestad para tomar una decisión al respecto. Hubo jefes provinciales que renegaron por esto. Enviaron, entonces, una nota a Massa y a la Secretaría de Energía, para reclamar subsidios diferenciales y obras de infraestructura para reforzar el sistema y que este no colapse por la demanda estacional. Señalaron las asimetrías con el Amba, que concentra el 40% de los subsidios de energía contra el 18% del Norte. “Esta distorsión resulta a todas luces injusta e insoportable para nuestros comprovincianos”, reclamaron textualmente en la misiva. El radical Gustavo Valdés (Corrientes) dijo a la prensa que la asimetría es una lucha de años y que es difícil insertarse en un país que sólo mira “el ombligo”.

Un apartado importante. El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, se llevó el pedido para que las obras del corredor biocéanico sean incluídas en el Presupuesto 2023, así como también otras inversiones en la región. Uno de los capitales políticos del gobernador tucumano en uso de licencia es, precisamente, su vínculo con las provincias. Los mandatarios quieren que se garantice dinero para obras porque, si bien se llevan bien con Massa, no confían en que las asegure.

Las obras públicas están también en la nómina de intranquilidades. Si bien la idea inicial del massismo era que cada Gobierno elabore una lista con las más prioritarias en cada área, la iniciativa fue abandonada porque los jefes de las provincias quieren que se cumpla con todas las inversiones comprometidas. Señalan que la mayoría de las promesas, incluso, ya fueron anunciadas. En Tucumán, en la Casa de Gobierno multiplican las gestiones en Buenos Aires para asegurar los trabajos que están en marcha o próximos a iniciarse. En los pasillos locales dan por descontado que el puesto que ocupa Manzur y su buena relación con Jaldo es una garantía para destrabar cualquier inconveniente. Saben, sin embargo, que no habrá nuevas obras más allá de las ya previstas.

El otro asunto es que hay incertidumbre respecto de si se ajustará en lo social. Resulta que el Ministerio de Desarrollo Social tuvo que dar marcha atrás con la incompatibilidad de dos planes de contención clave: el Potenciar Trabajo (tiene como objeto mejorar las condiciones de empleabilidad de quienes trabajan en la economía popular) y el Progresar (acompaña la terminalidad educativa). El Potenciar Trabajo, advierten en el PJ local, es administrado por los movimientos sociales y el rechazo a la medida se vio en las calles.

A esta situación la siguieron muy de cerca las autoridades de todas las provincias. Los mandatarios provinciales se preparan para los meses que siguen porque perciben que todos los fondos están en observación. Tucumanos que frecuentan el despacho de Manzur advierten que la discusión que viene dentro del peronismo no es otra que dónde ajustar. Según escucharon en Capital Federal, Massa tendría en carpeta la idea de revisar la situación de cada distrito y, eventualmente, dejar de enviar determinadas partidas a provincias que no tienen déficit y que podrían obtenerlos, por ejemplo, de créditos. La realidad es que los mandatarios sienten que si no reaccionan ahora podrían enfrentar consecuencias en el año electoral.

Cambiemos para no cambiar

Una vez más el principal frente opositor da cuenta de que sólo se activa en épocas electorales. La mesa política de Juntos por el Cambio no volvió a reunirse desde principios de año. Como agua y aceite, los sectores que más votos reunieron en los últimos comicios nacionales y que encabezan Germán Alfaro (PJS) y Roberto Sánchez-Mariano Campero (UCR) avanzan en paralelo, sin puntos de contacto, hacia el 2023. El resto de los socios políticos se enteran por los medios de las novedades cambiemistas.

La UCR, columna vertebral del armado, está atomizada. En la reunión que hubo esta semana, hubo autocrítica, reproches y pocas definiciones. Varios sectores coincidieron en que apoyarán a Sánchez para la gobernación.

Hay dirigentes que consideran que el tándem Sánchez-Campero pretende apurar definiciones que el frente no está en condiciones de tener aún. Los más duros creen que apuestan a las próximas provinciales y no a las del año que viene y que apuntan a romper finalmente el armado.

En el cónclave se habló de armar una mesa de acción política radical para con la mira puesta en los comicios.

Sí se dialogó de la sorpresa por la posible postulación del legislador José María Canelada como intendente de la dupla Sánchez-Campero.

La acción fue tomada como hostil desde parte del alfarismo porque consideran que les plantaron una posible competencia en su territorio cuando aún no hay definiciones. En el radicalismo de los intendentes aseguran que, en realidad, fue la respuesta a una acción previa de Alfaro. Explican que el capitalino llevaría como propuesta para la intendencia de Concepción, tierras de Sánchez, al legislador Raúl Albarracín (PJS).

En el entorno de Sánchez-Campero saben que en las huestes capitalinas no sólo consideran a “alfaristas puros” como opciones para competir por la sucesión de la capital, sino que estarían considerando al ex diputado radical José Cano.

En el grupo de los intendentes descartan de plano no querer ganar el año que viene y aseguran que estarán en JxC. Saben que hay sectores del partido que no se alinearán ahora, pero creen que será cuestión de tiempo porque, según afirman, tienen números muy positivos del diputado. Vienen proponiendo una reunión al alfarismo y creen que podría concretarse a fines de esta semana ¿Para qué? La idea es proponerle formalmente a Alfaro en ese encuentro integrar una fórmula, como candidato a vicegobernador. Si va y la respuesta es negativa, propondrán usar un sistema de encuestas para determinar la dupla que irá por la gobernación.

Fuentes cercanas a la Intendencia ven poco probable que Alfaro asista y, mucho menos probable, que desista de su postulación para la gobernación para ir detrás de Sánchez.

Nuevos actores institucionales

La Legislatura prepara una nueva sesión para esta semana. Entre los temas que llegarán a debate hay varios interesantes como la reforma del Código Procesal de Familia y, quizás, una ampliación presupuestaria. Uno, sin embargo, llama especialmente la atención desde el punto de vista político. Tras varios meses y una llegada fallida al recinto, finalmente se tratarán reformas a la Ley Orgánica de Comunas Rurales. En general, hay consenso en que la normativa está desactualizada y que esto genera que haya comunas que tengan más habitantes que algunos municipios. Lógicamente, los fondos que reciben por esta categorización es menor que las consideradas ciudades en el ordenamiento institucional. La dirigencia del interior, además, sabe que los comisionados cuentan con recursos insuficientes y que están empobrecidas, por más que el Gobierno los apoye más últimamente. Pero esta cuestión no entrará en análisis por el momento.

Fuentes de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales comentaron que tras meses de discusión interna decidieron hacer un sólo proyecto de consenso, que dejó fuera puntos que eran cuestionados por dirigentes o por el Ministerio del Interior porque tenían implicancias presupuestarias o políticas mayores.

Lo más novedoso frente al año electoral es la creación de los cargos de subdelegados comunales, una iniciativa que había tenido el legislador y ex delegado, Carlos “Cacho” Gómez. Actualmente, en las boletas se elige comisionado y un suplente, pero este no cumple funciones en la estructura gubernamental salvo que el titular electo lo designe como personal de su gabinete. En ocasiones, esto no sucedía y generaba internas feroces en el interior entre ex compañeros de fórmula. Dentro del oficialismo reconocen que también quieren evitar que posibles postulantes con caudal de voto, como los ex suplentes, terminen trabajando con Alfaro o Sánchez.

Los nuevos 93 subcomisionados, de acuerdo con el dictamen, tendrán categoría 24 del escalafón de la administración pública.

Hay algunos aspectos de los proyectos, del propio Gómez y de otros parlamentarios, que estaban en análisis y que fueron dejados de lado. Uno de los incisos ampliaba el número de asesores de Gabinete del delegado hasta 10, dependiendo de los habitantes del pueblo (actualmente todos los delegados tienen dos). Otro de los apartados facultaba a los comisionados a nombrar y desvincular personal. Varios comisionados comentaron que ahora sólo pueden designar o dar de baja con autorización del Ministerio y que las altas y bajas, en general, “vienen de arriba” y que ellos deben luego dar explicaciones.

Otro aspecto que sí se modificará tiene que ver con el manejo del dinero. En una parte del proyecto, se abordan las compras y contrataciones. Como los montos del texto vigente están desactualizados y la inflación es galopante, sucede que los comisionados tienen que emprender procesos burocráticos para compras relativamente pequeñas. La propuesta que se tratará estipula atar los montos para las licitaciones o compras directas con el valor del litro de gasoil, por lo que se irá ajustando con las subas del combustible. En otra parte, se tratan los valores de los subsidios que pueden otorgar a personas o instituciones. En la comisión explicaron que, cuando hay crisis económicas, los vecinos concurren para pedir dinero para pagar las boletas de los servicios, medicamentos o un sepelio. Las cifras actuales marcaban que a cada persona podían otorgarle $1.000 y ahora pasaría a $10.000.

Los proyectos no quedarán ahí. Hay legisladores que pretenden insistir con el diálogo por la recategorización de las grandes comunas y para que Rentas “devuelva” a la órbita de las comunas la recaudación del impuesto inmobiliario. Todos estos ítems prometen traer polémica.